Los grandes proyectos de renovables fracasan en su autorización ambiental
La mitad de los grandes proyectos eólicos no obtienen la declaración de impacto ambiental positiva
La transformación energética es un reto de nuestra era, pero la puesta en marcha de los parques eólicos y fotovoltaicos no es tan sencilla como pudiera parecer. Muchos de estos proyectos se estancan en la tramitación administrativa. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, la mitad de los expedientes de los grandes proyectos eólicos (de más de 50 MW, tramitados por la Administración central) se resuelven con una declaración de impacto ambiental negativa o son archivados.
Los motivos principales por los que no se da la autorización ambiental son la falta de información proporcionada, el potencial impacto ecológico severo o la insuficiencia de las medidas correctoras para evitar el daño ecológico.
Para el personal experto de Tema, estos proyectos ocupan generalmente grandes extensiones de terreno y eso complica su tramitación: “Cuanta más extensión, más vectores ambientales pueden ser afectados y más difícil es poder cumplir con todos los requerimientos ambientales”.
Generalmente, en las declaraciones de impacto ambiental que se aprueban se imponen modificaciones relevantes a los proyectos que las empresas promotoras no siempre pueden asumir. Estas consisten en medidas correctoras o compensatorias para garantizar la capacidad agrológica o salvaguardar especies amenazadas, por ejemplo, lo que puede incrementar el coste del proyecto y poner en cuestión su viabilidad económica.
“Las administraciones se encuentran entre el dilema de cumplir con los compromisos de potenciar las energías renovables y garantizar la preservación del medio ambiente”, explican desde Tema.
Para realizar este importante trámite que permita el éxito del proyecto, es aconsejable contar con la asesoría de una compañía experta en gestión ambiental como Tema, que, además de acompañar y guiar al cliente, gestiona la tramitación de expedientes para la autorización administrativa previa, así como la autorización de construcción y los estudios ambientales necesarios para el procedimiento.